Los jueces se sublevan contra el «chantaje y atentado» de la reforma del CGPJ de PSOE y Podemos

La reforma exprés del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que quieren hacer PSOE y Podemos para rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a la mayoría de los vocales sin los controles de los órganos constitucionales ha puesto en pie de guerra a la oposición, que anuncia recursos al Tribunal Constitucional, y a los jueces, que temen que la institución quede en manos del Gobierno socialcomunista.

Desde la carrera judicial, tres de las cuatro asociaciones profesionales han arremetido duramente contra la propuesta de reforma del CGPJ, y sólo la progresista Jueces y Juezas para la Democracia ha visto legítimo que el Ejecutivo busque alternativas al bloqueo.

La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) sostiene que «un bloqueo constitucional no puede romperse con este tipo de chantajes y con prisas», porque la reforma deja todo «al albur del Ejecutivo» que pasa a «manejar y manipular el poder judicial» desde su mayoría parlamentaria, ha denunciado.

La Asociación Francisco de Vitoria, por su parte, ha tachado la iniciativa de «atentado, despropósito y disparate» y Foro Judicial Independiente ha dudado incluso de su constitucionalidad.

El Gobierno no duda de que la propuesta cuenta «con todas las garantías jurídicas para que pueda llevarse a cabo», ha señalado el portavoz gubernamental tras el Consejo de Ministros, pero previsiblemente será el Constitucional el encargado de disipar las dudas, como ya le tocó hacer en 1986.

Entre 1980 y 1985, los jueces habían elegido directamente a los doce vocales de turno judicial, y el PSOE reformó la ley para que fueran designados por el Parlamento, con la mayoría de tres quintos que ahora se quiere dejar atrás.

Aunque alertó del riesgo de que el sistema de elección se convirtiera en un reparto de puestos entre los partidos, el Constitucional avaló la elección parlamentaria, «máxime cuando la ley adopta ciertas cautelas, como es la de exigir una mayoría calificada de tres quintos en cada Cámara», dijo entonces.

Los socialistas sostienen que, dada la fragmentación parlamentaria existente, permanece la exigencia de buscar consensos a pesar de reducir el número de apoyos necesarios para elegir a los vocales del órgano de gobierno de los jueces.

Desde el PP, su presidente, Pablo Casado, ya ha anunciado que su grupo recurrirá esta iniciativa al Tribunal Constitucional, y en la misma línea se ha pronunciado también a través de la red social Twitter la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona.

Sánchez pretende liquidar la separación de poderes en pleno ataque a la independencia judicial de su vicepresidente investigado. No lo permitiremos: si perpetran este atropello a la legalidad, recurriremos al Tribunal Constitucional y a las Instituciones y Tribunales Europeos.

— Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) October 13, 2020

Por su parte, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado que la reforma legislativa con la que el PSOE y Unidas Podemos pretenden reducir la mayoría parlamentaria necesaria para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es «vergonzosa» y supone un «mazazo» a la separación de poderes. Por ello, Cs apuesta por recurrirla ante el Tribunal Constitucional si el Congreso de los Diputados acaba aprobándola.

«Esta medida de PSOE y Podemos es un mazazo sin precedentes a la Justicia y a la separación de poderes. Lo que hay que hacer es despolitizar el CGPJ para que los jueces elijan a los jueces, no politizarlo aún más para repartírselo con los separatistas. Vergonzoso e intolerable», ha escrito Arrimadas en un mensaje en Twitter.

El portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, ha lamentado que este martes se haya «confirmado la infamia» de «querer darle el CGPJ a la ‘mayoría Frankenstein’», como denomina la formación naranja al conjunto de partidos que sustentan al Gobierno de Pedro Sánchez.